A 15 años del crimen impune de Paulina Lebbos, la lucha impide que la causa judicial prescriba

Escribe Alejandra del Castillo | publicado en politicaobrera.com

A cuatro días de cumplirse 15 años del crimen de Paulina Lebbos, y en los preparativos de la jornada contra la impunidad que se convoca todos los 26 de febrero desde entonces, la noticia de la posible prescripción de la causa sacudió a la provincia. La nueva maniobra de impunidad saltó a luz porque la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia a los ex funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la cúpula policial del entonces gobierno de Alperovich. La decisión tardó dos años en llegar y, de manera nada inocente, se concretó a tres días de la prescripción de la causa, lo que hubiera dejado a Alperovich y a otros funcionarios -hoy devenidos manzuristas-, a la ex pareja de Paulina, Cesar Soto, a testigos que incurrieron en falso testimonio, entre otros, sin ser investigados. El crimen, finalmente, hubiera quedado impune.

La noticia reanimó todas las denuncias sobre las complicidades de Alperovich y todo el entramado de impunidad en torno al caso y precipitó distintas iniciativas para impedir la prescripción.

El clima se caldeó aún más con un nuevo decreto de impunidad de Manzur, la aceptación de la renuncia del juez Pisa, uno de los responsables de archivar las denuncias de Paola Tacacho, a horas de la reunión de la comisión que debía tratar los siete pedidos de juicio político en su contra. Hubo una concentración en Casa de Gobierno en repudio a esta decisión, donde Alberto Lebbos participó y denunció el intento de prescripción de la causa de Paulina. Se contraron más de un centenar de mujeres y fueron reprimidas por la policía. Ese mismo día, a la mañana, una masiva movilización docente se había expresado contra la política criminal de la presencialidad en pandemia y sin vacunas y en un cuadro de total deterioro edilicio de las escuelas. Este es el clima político que recorre a la provincia.

Este escenario dio lugar a que el jueves se conociera las imputaciones a Soto, y a Sergio Kaleñuk, hijo de un ex comandante de gendarmería y ex secretario de Alperovich. Kaleñuk es actualmente asesor de la presidencia de la legislatura. También colaboró una iniciativa personal del fiscal López Ávila, quien intervino en la causa hasta 2019, y una vez terminado el juicio solicitó que se suspendieran los plazos procesales. Distinta fue la posición del ministro fiscal, un personero del gobierno, quien decidió no realizar ninguna actuación ni investigar en nombre de esperar la resolución de la Corte.

La jornada del 26 de febrero concentró a más de un millar de personas y fue una caja de resonancia de todo este proceso. Se hicieron presentes más de una treintena de casos de impunidad que, de una u otra manera, mostraron las distintas expresiones del régimen de impunidad en la provincia. Hubo familiares contra el gatillo fácil, familiares de víctimas de femicidios y travesticidios y de mujeres desaparecidas, y de casos recientes que reflejan el cuadro de descomposición social por el entrelazamiento de las instituciones del Estado con las redes delictivas y del narcotráfico. Intervino Raquel Grassino, denunciando el cuadro de impunidad y corrupción con el uso de las vacunas VIP y destacó el contenido de la lucha que está llevando la docencia Autoncovocada. Cerraron el acto la prima de Paola Tacacho y Alberto Lebbos. Alberto destacó la lucha como único camino para tirar el muro de impunidad ; dijo “no hay que esperar nada de la casta política”. Planteó también la necesidad de iniciar una campaña para que los femicidios, los abusos, los homicidios, los casos de corrupción no prescriban.

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