Tucumán: la lucha por la vivienda y las mafias en el IPV

Escribe Daniel Blanco | publicado en politicaobrera.com

La provincia de Tucumán, como está ocurriendo en distintos puntos del país, se ve sacudida por una ola de ocupaciones de terrenos. Varias de ellas han sido desalojadas, como ocurrió con la toma de Villa Muñecas, en la capital, por más de 100 familias. Situaciones similares se vivieron en otras tomas, como ocurrió en Concepción, Trinidad y en ciudad Alberdi. A pesar de ello, las ocupaciones se multiplican, pues son decenas de miles las familias que viven hacinadas. La construcción de viviendas sociales no existe en la provincia. Los alquileres son inaccesibles precisamente para las familias sin techo, que en la mayoría de los casos sobreviven con trabajos precarizados o con alguna ayuda social.

En este momento hay dos tomas que se destacan: la de Alto Belgrano, en la Comuna de Villa Carmela, en el departamento de Tafi Viejo es una de ellas. Son 140 familias que desde hace mas de tres meses han ocupado un terreno privado. Durante este tiempo, tomo cartas la justicia que ordeno hace más de un mes el desalojo. En paralelo intervino el intendente de la ciudad de Tafí Viejo, Javier Noguera, una de las figuras más importante del kirchnerismo provincial y aliado de Manzur en la pugna interna con el vicegobernador Jaldo. Noguera en todo este tiempo procuró con distintas maniobras un desalojo pacifico, ofreciendo alternativas de otros terrenos, pero todas se mostraron inviables. En paralelo los vecinos por impulso del Polo Tendencia pusieron en pie la asamblea de la toma y se eligió un cuerpo de delegados. A partir de esto se realizaron distintas acciones, la más importante fue una movilización a la municipalidad de Tafi Viejo, en la que convergieron delegaciones de vecinos de la toma, delegaciones de la coordinadora de trabajadores del citrus y delegaciones del Polo tendencia de San José, Villa Carmela, de varios barrios de Tafi Viejo, de la comuna de Nueva Esperanza. Allí se arrancó el compromiso de evitar un desalojo y se discutieron distintas alternativas, hasta tanto los ocupantes van a permanecer. La otra toma, es la del barrio el Mollar en la comuna del Manantial, en el límite sur de la capital. Son 200 familias que desde hace 4 años ocuparon ese predio y han construido ya sus viviendas. En este tiempo apareció el dueño y en un juicio la justicia dio orden de desalojo que momentáneamente ha sido frenado por una enérgica intervención de los vecinos con apoyo del Polo tendencia, desde hace 10 días vienen cortando la ruta 38, han puesto en pie una asamblea y un cuerpo de delegados, y se disponen a impulsar una coordinadora con otras tomas.

Corrupción y mafias en el IPV

En los últimos 20 años, Tucumán asistió a un boom inmobiliario, donde se multiplicaron las torres de departamentos y los country en las zonas pedemontanas. Todo esto en el marco de grandes negociados con constructoras asociadas al gobierno de Alperovich-Manzur, donde se dio licencias para levantar edificios sin que reunieran las condiciones de terminación y se usaron mecanismo mafiosos extorsivos para liberar espacios para levantar las torres, y se demolieron construcciones que constituían parte del patrimonio histórico provincial con el mismo fin. En todo estos años, Alperovich-Manzur se jactaron desde el IPV (instituto Provincial de Vivienda) de haber construido una suerte de nueva ciudad, Lomas del Tafí, con mas de 5000 viviendas, una suerte de Yacireta tucumana, o sea un monumento a la corrupción, donde las mejores construcciones se otorgaron a los amigos del poder, y el resto se sorteó con un sistema de cuotas indexadas que hoy, con el crecimiento de la desocupación y la caída de los salarios, centenares de familias no pueden pagar y están amenazados de desalojos. Los negociados fueron denunciados en la justicia federal, pero el juez Bejas, transfirió el caso a la justicia provincial, completamente servil al poder de turno.

Por otro lado ha cobrado actualidad una organización mafiosas en el IPV, que estafó en gran escala a miles de familias sin techo integrándolas a planes de vivienda, obligando a pagos anticipados, viviendas que nunca fueron construidas. A la cabeza de esta organización estaba el interventor del IPV, Gustavo Duran, designado en 2002 hasta 2017 en que falleció. Es claro que el accionar contaba con el visto bueno del gobierno de alperovich-Manzur que protegió hasta su muerte al interventor Durán. Ya son 1500 las familias que se han presentado haciendo las demandas pero son muchas más. La provincia está quebrada fiscalmente y no hay planes de vivienda a la vista. Esto obliga a instalar como prioridad y fortalecer todos los movimientos de sin techos y las tomas, coordinándolas al conjunto de organizaciones barriales y de trabajadores en lucha para organizar un censo de familias sin techo, y de terrenos fiscales y baldíos para declararlos de utilidad pública, como paso previo al loteo. Plan de viviendas sociales con cuotas que no superen el 5% de los ingresos familiares. Congelamiento de alquileres.

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