Femicidio de Paola Tacacho: el sistema judicial y el régimen político, en la picota.

Escribe Alejandra del Castillo | publicado en politicaobrera.com

El femicidio de Paola Tacacho produjo una conmoción social porque expresa de manera acentuada el entramado de violencia institucional e impunidad que atraviesan las víctimas. Desde la justicia han informado que llegan mil denuncias mensuales por violencia de género. Muchos casos más se producen y no figuran en esa contabilidad. La razón: comisarías que se niegan a tomar las denuncias y que no buscan a las mujeres y niñas desaparecidas; fiscales y jueces que las cajonean; oficinas, secretarías y programas desbordados, que no llegan a dar una respuesta frente a situaciones de urgencia. Peor aun cuando los femicidas o abusadores tienen vínculos con el poder político, las trabas para que avancen las causas son prácticamente infranqueables y una condena a muerte.

En el caso de Paola, la joven hizo 14 denuncias (13 penales y 1 civil) y en ninguna de las instancias recibió respuestas. Detrás del cajoneo estaba el peso de la familia del femicida: su hermano es un conocido empresario de la provincia, socio del gobierno con los negociados de la obra pública. En su momento también hizo recibió el arriendo de uno de los ingenios de la provincia y dejó deudas salariales con los trabajadores y con el propio Estado que le había otorgado préstamos.

En una de las 13 causas penales saltó a la luz que el juez, Francisco Pisa, en 2017, rechazó el pedido del fiscal actuante de elevación a juicio por el incumplimiento de la perimetral por parte de su victimario. Los argumentos utilizados fueron la falta de pruebas, cuando se habían presentado testigos y existían todas las otras denuncias de acoso y amenazas que no fueron tenidas en cuentas. El rol de Pisa es tan escandaloso que la presidenta de la Corte ordenó realizar una auditoría. Por otro lado, distintas organizaciones, víctimas de violencia de género, etc. han realizado distintos pedidos de juicio político en la legislatura para que Pisa sea destituido. Desde el Plenario de Trabajadoras Tendencia hemos realizado una presentación, en ese mismo sentido, con el apoyo de la familia de Paola en la perspectiva de sostener la movilización popular y mostrar la naturaleza del régimen político. Pisa es el Oyarbide tucumano y por lo tanto la legislatura tiene una brasa caliente. Si lo someten al juicio político, éste puede sacar a la luz todos los negociados y hechos delictivos en los que se encuentra involucrado el gobierno. Por otro lado, también puede abrir un curso para enjuiciar al resto de jueces y fiscales que actuaron de la misma manera en las otras denuncias. Ahora se tiene conocimiento que un ayudante de fiscal, José Fernando Isa actuó de la misma manera que Pisa. Por eso se explica también el apuro del fiscal que investiga el femicidio de Paola para cerrar la investigación.

En el medio también está la presentación de su renuncia, condicionado a recibir el beneficio de la jubilación de privilegio, que habría realizado Pisa al gobernador. Manzur todavía no se expidió, pero es también un elemento de la crisis política en curso. Está colocado en la misma disyuntiva de soltarle la mano a Pisa y que esto abra la puerta para un sinfín de denuncias o aceptarle la renuncia y quedar expuesto a una pueblada ya que son numerosas las causas donde están colocadas la responsabilidad Estado y la impunidad. Las denuncias contra Bussi, Alperovich y José Orellana por abusos sexuales, contra el vocal de la corte, Estofán por acoso, el accionar de otro vocal de la corte, Daniel Leiva para condicionar las causas contra Bussi, la organización narcomafiosa en el SIPROSA, los casos de gatillo fácil y atropellos policiales, son una olla a presión.

En este cuadro es fundamental profundizar la movilización popular por el juicio político a Pisa y avanzar con el resto de los responsables del femicidio de Paola. La coordinación de los familiares y víctimas de todos estos casos también dará fuerza a cada una de las denuncias. Preparemos un encuentro para discutir un programa y un curso de acción y la coordinación con otros sectores en lucha.

 

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