Bolsonaro pone las barbas en remojo


Ascenso de las masas en América Latina y crisis del bolsonarismo.

Por Edgar Azevedo para Política Obrera.
“Cuando veas las barbas de tu vecino quemar, pon las tuyas a remojar”, dice el proverbio popular. El alzamiento de las masas en América Latina y la histórica sublevación chilena sacudieron a un Brasil que asistía a una verdadera implosión del Partido Social Liberal (PSL) de Bolsonaro. Ese escenario, sumado a la conclusión del trámite de la reforma previsional en el Congreso (sin los reflejos prometidos en la actividad económica ni en la llegada de inversiones) cierra una fase del gobierno Bolsonaro, que entra en una transición dominada por la incertidumbre y mucho más convulsiva.

El régimen brasileño está acorralado por la crisis mundial, las derrotas de sus aliados en los países imperialistas y las rebeliones populares en el continente. Chile tiene un significado especial, y no apenas por la crisis irreversible del régimen pinochetista que actuaba como modelo para el programa económico de Paulo Guedes. Piñera, además, se presentaba como el principal soporte internacional de Bolsonaro, como se vio cuando, en la crisis por los incendios en la Amazonía, el chileno viajó expresamente desde París a Brasilia para aparecer al lado de Bolsonaro y darle su apoyo de "líder regional". Las masas chilenas en las calles convirtieron en papel mojado el Prosur, el engendro proimperialista lanzado por Piñera y abrazado fervorosamente por Bolsonaro como sustituto de la Unasur "bolivariana".

Crisis en el PSL
La crisis fue iniciada por el propio Bolsonaro, al afirmar que el presidente del PSL, Luciano Bivar, "ya fue" porque estaba "quemado", en referencia a una operación de la PF sobre el uso de testaferros para desviar fondos de campaña en el estado de Pernambuco. Bolsonaro, por su parte, está lejos de verse libre de acusaciones semejantes: su ministro de Turismo está procesado por la presentación candidaturas truchas en Minas Gerais para obtener ilegalmente fondos públicos de campaña, que también habrían irrigado la campaña presidencial de 2018.

Las acusaciones cruzadas abrieron una guerra interna que puso en bandos opuestos, por un lado, al clan Bolsonaro, y por otro, a los jefes del bolsonarismo en el Congreso, Comisario Waldir y Joice Hasselman, líderes del PSL y de la bancada oficialista en la Cámara, y Major Olímpio, líder en el Senado y presidente del PSL en San Pablo. Bolsonaro se empeñó personalmente entonces en una campaña en la propia bancada para destituirlos y nombrar nuevos líderes. Se abrió un festival de insultos, incluyendo amenazas de "demoler al gobierno": Waldir acusó a Bolsonaro de "traidor", y Joice cedió el cargo declarándose "liberada de la esclavitud". La bancada de 53 diputados, la segunda (detrás del PT) y la única que se declara formalmente oficialista, quedó dividida a la mitad.

Luego de una batalla de recursos legales para definir qué bando se alzaba con el liderazgo, Eduardo Bolsonaro fue electo líder de la bancada en diputados. Para eso, Bolsonaro tuvo que renunciar al proyecto de nombrar a su hijo embajador en Washington, con lo que pretendía una línea directa con el gobierno Trump, sin intermediarios (la embajada está acéfala desde abril). Aunque el pliego estaba empantanado por la oposición de los senadores al nombramiento, la renuncia revela la gravedad de la disputa en el seno del partido del gobierno. El grupo de Bivar, que controla la estructura partidaria, inició a su vez un proceso de expulsión de Eduardo del partido, con apoyo de Waldir, Joice y Olimpio.

Lo que está en juego son 350 millones de reales (unos USD 90 millones) que corresponderían al PSL, sumando el fondo partidario más el fondo electoral, para las elecciones de 2020. La clave está en el control del partido en San Pablo, donde Bivar prometió a Joice la candidatura a intendente, algo que el clan Bolsonaro rechaza porque significaría ceder el manejo de la principal caja del partido. Joice, una ex periodista de la revista Veja, salió de gira por los medios a decir que Eduardo y Carlos Bolsonaro (el hijo "pitbull") son las cabezas de una trama de fake news de 1.500 perfiles falsos en las redes sociales, financiada con dinero público. El tiro por elevación es un chantaje a Bolsonaro, al aludir al llamado "gabinete del odio", un grupo que opera desde el mismo Palacio de Planalto, con recursos de la presidencia, como usina de operaciones políticas en las redes. Las consecuencias de una denuncia formal sobre el tema serían devastadoras.

En la guerra de abierta por la crisis del PSL, Bolsonaro pasó a apoyarse en la "vieja política" (que había prometido combatir), y ahora los líderes del gobierno son el veterano Eduardo Gómez en la Cámara y Fernando Bezerra (ex ministro de Dilma) en el Senado, ambos del MDB de Temer. La dependencia de Bolsonaro del "centrao" (MDB, DEM, PP, PR, etc) no sólo está vinculada a cualquier posibilidad de aprobación de proyectos, sino que esos mismos partidos, hostilizados de forma permanente por el ejército de trolls y los medios comprados por el bolsonarismo, acaban de implantar una Comisión Parlamentaria de Investigación de las Fake News, para investigar el juego sucio durante la campaña. La CPI promete convertirse en el palco principal de la vida política brasileña en los próximos meses, de cara a la campaña electoral del año próximo. La lista de ex aliados tornados enemigos que podría lanzar bombas contra el gobierno crece todos los días. El juego extorsivo entre las diferentes mafias políticas convirtió al Congreso en un campo radioactivo.

Nueva etapa
La conclusión del trámite de la reforma de la previdencia, en medio de ese tembladeral en la base del gobierno, dio mayor relieve al papel decisivo del "centrao", comandado por el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, para que fuera aprobada. El nuevo sistema de pensiones representa una confiscación de 800 mil millones de reales (USD 200 mil millones) en 10 años a los bolsillos de los trabajadores, para garantizar el pago de intereses de la deuda pública usuraria. Para que fuera aprobada, fue necesario retirar del proyecto la afectación de estados y municipios, y la reforma previsional de los militares, para la cual Bolsonaro envió un proyecto separado con el fin de garantizarles privilegios. La cuestión de los militares abrió, sin embargo, otra crisis en la principal base social del bolsonarismo. El proyecto privilegió a las altas esferas, dejando en inferioridad de condiciones a oficiales de menor rango y suboficiales. "Después de perder parte de su partido, Bolsonaro corre el riesgo de perder también parte de su electorado. Y no un electorado cualquiera, sino aquel que lo alzó a la política y que estuvo a su lado en los últimos treinta años, algo como su base electoral de raíz", resumió la revista Piauí (22/10), al entrevistar al grupo de suboficiales que se movilizó para presionar a los diputados. En la interna del PSL, éstos se apoyaron en el grupo de Bivar, primero, y luego fueron "acogidos" por los caciques de la "vieja política". El gobierno ya sufrió una derrota en la comisión especial que trató el proyecto, que concedió los mismos privilegios a altas y bajas esferas, lo que, como representa más gastos, enfrenta la oposición de Paulo Guedes.

El ministro de Economía abrió además otros frentes de conflicto lanzando una agenda post-previdencia que incluye una reforma administrativa -con profundos cortes en los salarios de los empleados públicos, es decir, las categorías más organizadas del país- y un proyecto de reducción unilateral de las tarifas de importación de bienes industriales. Cabe recordar que Dilma ensayó un ataque similar a los empleados públicos en 2012, que dio lugar a una huelga de 40 días, preanuncio de la explosión de las históricas jornadas de junio-julio de 2013. El plan de apertura comercial de Guedes prevé reducir las tarifas de de 13,6% para 6,4%, en media, en cuatro años. Todos los sectores industriales involucrados se pronunciaron contrarios a la medida ("Apertura unilateral sería 'desastrosa' y generaría desempleo, dice industria", Valor, 22/10). La desarticulación de la exigua base parlamentaria del gobierno, sumada a las resistencias de los sectores afectados por los planes de Guedes, guiados por los intereses del sector bancario y financiero, anuncia fuertes choques que buscan ser capitalizados por los partidos tradicionales de cara a las elecciones del año próximo.

Otro frente donde el gobierno se muestra dividido es con relación a la perspectiva de la libertad de Lula. El Alto Mando se opone, temiendo un cambio de escenario y el retorno de la lucha política en las calles. "El momento, evalúan los uniformados, no podría ser peor. Con países vecinos en convulsión social, el temor es dejar espacio para la reorganización de las izquierdas" (Estado de SP, 25/10). Una vez más, el ex jefe del Ejército, general (retirado) Vilas Boas, actuó como emisario vía Twitter, alertando a la Corte Suprema que una decisión que posibilite la libertad de Lula podría resultar en "una eventual convulsión social" (16/10). El ala política del gobierno salió al cruce a través del general (en actividad) Luiz Alberto Ramos, ministro de la Secretaría de Gobierno, descartando ese riesgo. Ramos, el militar de mayor intimidad personal con Bolsonaro (fueron cadetes juntos), pertenece al ala que defiende el "acordao" sellado en abril entre el STF, el Congreso y el Planalto, en medio de la más grave crisis política del gobierno, cuando surgieron elementos que podían justificar el inicio de un proceso de destitución de Bolsonaro. El acuerdo, que incluyó un compromiso del STF para congelar investigaciones por fraude contra el clan, en especial el senador Flavio, consagró una "paz entre poderes" por la cual Bolsonaro se comprometió a respetar las decisiones de la Corte y dejar la tramitación de la reforma de la previdencia en manos de los presidentes de la Cámara y el Senado, ambos del Demócratas (DEM). Diez días atrás, el acuerdo fue ratificado en una reunión entre Bolsonaro y varios jueces de la Corte, en el cual fue pedido al presidente evitar pronunciarse públicamente sobre la cuestión Lula, como ha sido hasta el momento.

Al mismo tiempo, alarmado por la profundidad de la rebelión de las masas en los países de la región y el posible "contagio" a Brasil, Bolsonaro ordenó al ministro de Defensa la preparación de las Fuerzas Armadas para reprimir posibles manifestaciones. "Nos preparamos para usar el artículo 142 (de la Constitución), que es por el mantenimiento de la ley y el orden, caso vengan a ser convocadas por uno de los tres poderes", dijo el presidente desde Japón. Bolsonaro defendió también una reforma de la Ley Antiterrorista (aprobada por Dilma en 2016), que ya está en trámite en el Congreso. "En el pasado pusieron una coma en la definición de actos terroristas, excepto movimientos sociales. Eso no puede ser", dijo. Según él, la acción preventiva a ser adoptada es "el endurecimiento de la ley".

Los aprestos del aparato militar-policial del bonapartismo en crisis apuntan a la perspectiva de una reacción de las masas a los ataques y frente al agravamiento de las condiciones de vida por la crisis crónica. Todo el mundo toma nota del ascenso revolucionario de las masas latinoamericanas, acicateado por el impacto devastador de la crisis mundial. La CUT cerró su Congreso el 10 de octubre lanzando un programa que pretende poner, una vez más, a la clase trabajadora como masa de maniobra de un bloque con los sectores de la burguesía amenazados por los planes de Bolsonaro-Guedes. El nuevo secretario general de la CUT, Sergio Nobre, anunció una marcha el 30 de octubre para entregar una propuesta al Congreso negociada con la CNI (Confederación de la Industria) para "privilegiar el mercado interno". Nobre no se privó de decir también que, mientras Bolsonaro es una persona "descalificada", considera al vicepresidente Mourao "una persona extremadamente simpática" (CUT, 22/10).

El carácter del desenlace en la transición en curso, plagada de contradicciones e intereses enfrentados, de potencial explosivo, estará determinado por el grado de independencia que asuma la intervención de los trabajadores en la crisis. Las limitaciones de las variantes patronales, tanto del bonapartismo proimperialista como del nacionalismo burgués que busca reciclarse, se muestran a los ojos de los trabajadores. La tarea del momento es superar el bloqueo de las centrales a partir de la movilización por las reivindicaciones inmediata. Desarrollar una intervención independiente que, a través de una amplia deliberación y un congreso de bases, establezca un programa y una estrategia de poder, poniendo en pie una organización política propia, en la lucha por una Asamblea Constituyente Soberana y un gobierno de trabajadores.

Comentarios