En qué punto se encuentra la rebelión de Chubut


Por Marcelo Ramal
La lucha de los estatales y docentes de Chubut ha adquirido definitivamente el carácter de una crisis política, y no sólo provincial. La docencia, que ingresa en la onceava semana de paro, acaba de resolver un nuevo paro de seis días, mientras se intensifican sus manifestaciones y piquetes en todos los centros urbanos de la provincia. En Rawson, el acampe frente a la Legislatura reúne también a trabajadores de la salud y de otras reparticiones, y se ha convertido en el escenario de asambleas ´intersectoriales', donde se resuelven medidas de acción por parte de trabajadores estatales de diferentes sectores, y a pesar de sus direcciones sindicales. En la capital provincial, la ocupación de edificios públicos abarca a diversos gremios y sectores –como ocurre con los trabajadores de Vialidad. En el caso de las escuelas, se afirma la tendencia a ocupar por parte de los estudiantes, y en apoyo a sus docentes. En el mediodía de este viernes, se produjo la llegada de una “bicicleteada” docente desde la zona cordillera. Horas antes, tuvo lugar un “cacerolazo” frente a la Casa de gobierno. Pero el punto más fuerte de las medidas de lucha docentes tienen lugar en Comodoro, donde la asamblea de ATECH, bajo una fuerte presión de los mandatos de las asambleas por escuela, resolvió prolongar el piquete a la Playa de Tanques de YPF. Como consecuencia de esta medida, el 70% de las estaciones de servicio de esta petrolera han quedado desabastecidas. Las huelgas estatales y docentes, de este modo, se proyectan al conjunto de la actividad económica de la provincia. La tendencia a desenvolver la coordinación por abajo entre los que están luchando acompaña a estas medidas más audaces. En la salud, la asamblea interhospitalaria es la expresión de ello, junto al plenario de delegados de ATECH. Los piquetes, en todas las localidades, son el lugar donde se multiplican los debates y contactos entre el activismo de las escuelas, los hospitales y las reparticiones.

Salarios por turno, embargo colonial
El gobierno ha establecido un régimen de pago de salarios en turnos, espaciando en tres fechas ese cobro. Este viernes 27, o sea, con casi un mes de retraso, cobraron los de salarios más elevados. La mora de los trabajadores, naturalmente, se convierte en una mora general sobre el conjunto de los servicios públicos, alquileres y comercios. Desde mediados de año, además, el gobierno ha incumplido con las medidas de reajuste salarial –cláusulas gatillo– arrancadas por los trabajadores. Así, los maestros y estatales chubutenses están soportando la última oleada de devaluación y carestía con salarios también devaluados y pagados a destiempo.

Muy diferente es la situación de los acreedores de la deuda dolarizada de la provincia, que llega a los 1000 millones de dólares. Como otras administraciones pejotistas, Das Neves-Arcioni se sumaron al carro del endeudamiento macrista. La vacilante evolución del precio del petróleo, de un lado, y las devaluaciones de 2018 hasta acá, del otro, agigantaron el peso de esa deuda sobre la economía de la provincia. Pero mientras el pago de los salarios está condicionado, los acreedores de Chubut le han arrancado al gobierno y al Estado un régimen de pagos garantizados. Sobre las regalías, que son regularmente depositadas en el Banco Comafi, funciona un ´débito automático' y compulsivo en favor de los acreedores. El estado provincial, por lo tanto, sólo puede disponer de los recursos que restan. Como las regalías representan sólo el 30% de los ingresos de Chubut, la carga de la deuda termina absorbiendo una parte creciente de los otros recursos del presupuesto, la obra pública o los gastos corrientes –salarios, salud, educación. De este modo, funciona un tributo vitalicio en favor del capital financiero, a costa de los recursos de la provincia y de sus trabajadores.

La operación de endeudamiento, apalancada sobre las regalías, chocó también con la crisis de la actividad petrolera. La caída del precio internacional y la fuga de inversiones a Neuquén (Vaca Muerta) mostró los límites de la pretendida meca “exportadora de crudo”, que el kirchnerismo quiso urdir con el contrato leonino de Cerro Dragón. La crisis de Chubut, por lo tanto, envuelve a toda su organización social y política, lo que explica también la intensa desintegración de los poderes del Estado –gobierno, legislatura, justicia. Los episodios de corrupción– que se han cobrado buena parte del gabinete provincial- delatan a la camarilla gobernante como comisionista y socia menor de las petroleras y el capital internacional. Ahora, el régimen que armó el hipotecamiento de la provincia colocando como garantía a las regalías petroleras está tramando darle a los acreedores una garantía adicional –los ingresos de la megaminería a cielo abierto, que ya se está ofreciendo como “maná” o salida frente a la bancarrota actual. Pero la habilitación de los proyectos contaminantes, que en el pasado reciente desataron movilizaciones de masas en su contra, podría conducir al último y definitivo episodio de la rebelión popular.

El abismo entre los poderes del Estado y las masas se expresó con toda claridad semanas atrás, cuando la decisión de aumentar los sueldos del gobierno y los legisladores, seguida por la muerte de dos docentes, Jorgelina y María Cristina, que habían manifestado frente a la capital de la provincia, desató una verdadera pueblada en las principales ciudades de la provincia. El reclamo por la revocatoria del gobernador electo hace cuatro meses -Fuera Arcioni- está presente en los acampes y piquetes de los trabajadores en lucha.

Los sindicatos y el parlamento
La articulación de gremios estatales agrupada en la Mesa de Unidad Sindical (MUS), y que constituyó el eje de las huelgas del año pasado, atraviesa una importante crisis y divisiones intestinas. La dirección provincial de ATE ha sido virtualmente cooptada por el gobierno, mientras que ATECH (docentes) asiste a otro encuadramiento –el de la fórmula F-F y su llamado a “dejar las calles” y, en el caso de Chubut, a caucionar a Arcioni. Aunque ATECH provincial responde a la lista Celeste, y la poderosa seccional de Comodoro está dirigida por la lista Lila (PCR) ambas comparten el apoyo a la fórmula del Frente de Todos. La negativa a coordinar una acción de conjunto y a fondo para arrancar los reclamos pendientes es inseparable de esta orientación política, y del cuidadoso operativo que FyF discute con el macrismo para desmontar la rebelión de Chubut. Pero la crisis de la MUS ha tenido como contrapartida la emergencia de movimientos y coordinaciones por abajo. Es el caso de la asamblea interhospitalaria, de las autoconvocatorias docentes y de la fuerte presiónmanifiestan preocupados por “tomas y acampes que no responden a un mandato de los dirigentes”, así como por “el descrédito que también sufren-como la clase política-los dirigentes sindicales” (ADN Sur, 29.7). Las maniobras contra la lucha, ya en el plano político, han buscado encorsetar la crisis en el marco de la Legislatura que acompañó el endeudamiento y la entrega de la provincia. Es el caso del proyecto de ley tributaria que plantea gravar a petroleras, pesqueras y otras actividades, que no ha dado un solo paso efectivo pero sirvió en cambio para condicionar las reivindicaciones pendientes, supeditándolas al trámite parlamentario. Más recientemente, se hizo lo mismo con el reclamo de que se vaya Arcioni, bajo la forma de un pedido de juicio político que ningún bloque siquiera intentó presentar. El juicio político sólo podría “prosperar” como recurso extremo contra el progreso de la rebelión popular, y para convertir el “fuera Arcioni ya” en un largo trámite de meses. Desde luego, las burocracias sindicales se han subido al carro de todas estas dilaciones parlamentarias, que han sido desafiadas sor los piquetes, acampes y paros extendidos.

Huelga general y coordinadoras
La decisión de los docentes de Comodoro de bloquear la playa de Tanques de YPF –prolongada contra la posición de los dirigentes locales de ATECH– amenaza con conducir a una paralización económica, ya que la falta de combustible comienza a hacerse sentir en las ciudades y rutas. El gobierno, en este cuadro, extremslos esfuerzos para levantar esta medida e imponer una tregua en una huelga que lleva ya 77 días. Con ese fin, está gestionando recursos nacionales para pagar los sueldos con algo menos de demora, pero sin un peso de aumento. Es muy poco para la magnitud de la lucha emprendida.

El bloqueo a la distribución de combustible es un esfuerzo para imprimirle a la lucha estatal un carácter general, o sea, paralizar a la provincia hasta la conquista de los reclamos. Pero más allá de estos bloqueos y piquetes, el desafío de extender la lucha al conjunto de la clase obrera tiene bases reales. Las luchas estatales han sacudido a todos los trabajadores de la provincia, no sólo por los vasos comunicantes que unen a las escuelas y hospitales con el conjunto de la clase obrera, sino también por el fermento de la propia crisis nacional. En Madryn, las manifestaciones de apoyo de los trabajadores de Aluar en favor de los docentes derivaron en dos despidos, que fueron respondidos con un fuerte paro en la planta. En Comodoro, el choque entre el gobierno y las petroleras a raíz del semicongelamiento de combustibles ha conducido a las petroleras a anunciar una reducción de la actividad. El burócrata petrolero Avila, que hasta hace unos días dedicaba todas sus declaraciones públicas a fustigar a los docentes en lucha, ha tenido que declararse ahora en “estado de alerta” por lo que sucede en los pozos. El escenario es propicio para que el activismo en lucha organice una campaña en regla por la huelga general provincial, hasta que se cumplan todos los reclamos pendientes. Ellos deben incluir, junto a la vigencia de las “claúsulas gatillo” y la atención del desastre edilicio en las escuelas y los insumos hospitalarios, el rechazo de todo despido en la industria y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. El sacrificado activismo docente y estatal debe dirigirse al conjunto de la clase obrera, que también está siendo sacudida por el derrumbe económico general. Ni qué decir que una huelga general revestiría un franco carácter político, porque colocaría a la clase obrera como protagonista y como salida de una crisis que ha convertido al Estado provincial, a sus bloques políticos e instituciones en una agencia del capital financiero, a costa de los derechos más elementales de los que viven de su trabajo. El horizonte político de una campaña por la huelga general, por eso, es la revocatoria de todos los poderes de la provincia –gobierno, Legislatura, jueces- y la convocatoria a una Asamblea constituyente soberana y con poder, que resuelva poner fin al embargo de la provincia por parte de los usureros internacionales y la reapropiación de la riqueza petrolera bajo control obrero, entre otras medidas elementales.

La participación de la izquierda en la crisis chubutense es marginal, y ello no puede atribuirse a su escaso volumen militante. En todo caso, una intervención aguda en la crisis es la premisa para superar esa marginalidad, habida cuenta de la extensión e importancia del activismo que sale a la lucha. La condición para ello es una agitación y una campaña sistemática para colocar a la clase obrera como protagonista, con un planteo de poder político. Esa es la conclusión que llamamos a debatir y propagandizar en el conjunto de la izquierda y los luchadores de la provincia.