El co-gobierno devaluado de MM y FF acentúa la crisis y la penuria del pueblo

Por Jorge Altamira

La “transición ordenada” en la que se han empeñado el gobierno y el peronismo ha perdido su rumbo. El propósito oficial de asociar a los Fernández al ‘reperfilamiento' de la deuda pública y al control parcial de cambios ha fracasado. El ministro Lacunza no ha logrado que el Congreso lo reciba para ratificar los decretos respectivos. Como alternativa a este impasse, el peronismo montó una campaña a favor de la “emergencia alimentaria”, sobre la que se montó enseguida el macrismo para consagrar un pacto político, que no es más que un anticipo del “pacto social” que promete establecer el peronismo, al menos en sus primeros seis meses de gobierno. En esta línea, Alberto Fernández convocó a los movimientos sociales a “dejar las calles”, y por sobre todo a la burocracia de la CGT a que sustituya la reivindicación salarial por un bono no remunerativo “por única vez”. La “emergencia alimentaria” prorroga la “emergencia social” que el macrismo hizo aprobar en 2016, y establece una “reasignación de recursos” del presupuesto, o sea que afecta a otros gastos sociales, sean de salud, vivienda o educación. El encargado a proceder a este cambio de destino de los gastos y a ejecutar la ‘reasignación’ es el propio gobierno del ‘ajuste’ - no un organismo independiente de él. Esta versión devaluada del pacto de “transición ordenada” fue votado por unanimidad (una abstención) en una sesión en que se restringió el uso de la palabra a los diputados. La justificación para esta regimentación del Congreso fue la necesidad de “evitar disputas”, o sea el debate, y de que el recinto se convierta en una tribuna de agitación política. Esta censura pactada por las espadas de MM y FF fue aceptada con alguna recriminación incluso quienes venían reclamando la convocatoria del Congreso para “discutir la crisis y sus salidas”.

El fracaso para conseguir que el Congreso trate la propuesta de ‘reperfilamiento’ y la crisis de la deuda, tiene sin embargo un grano de hipocresía. Los Fernández aceptan las decisiones que el gobierno macrista adopte por decreto. De este modo, luego de recriminar al macrismo por no haber llevado al Congreso, en su momento, el acuerdo con el FMI y la política de endeudamiento, ahora le da pista libre para que opere a su antojo sobre eso mismo. Esto lo convierte el cómplice político del desmadre macrista, porque el argumento de que Macri debe ‘completar su mandato’ vale también para el Congreso – el cual ha renunciado a hacerlo. Es así que, junto al pacto de “transición devaluada” inscripto en la ley de “emergencia alimentaria”, hay otro pacto que funciona por omisión, que es darle poderes plenos al macrismo hasta el 10 de diciembre que viene.

El fracaso para incorporar la renegociación de la deuda en el pacto de transición obedece a la inviabilidad del planteo que la limita a un alargamiento de los plazos de pago. El ‘reperfilamiento’ no ofrece espacio para una reactivación de la economía y ni siquiera para evitar una default. F-F apuntan a lo que se llama una “reestructuración” de la deuda, lo cual contempla quita del capital, reducción de intereses y también alargamiento de plazos. El planteo no se ha hecho público, pero es lo que se desprende de los informes de la prensa y de la lógica de la bancarrota financiera de Argentina. El próximo gobierno de F-F pretende repetir el esquema que aplicó a partir de 2003/4 – aunque sin el beneficio del default que declaró antes, en 2001, Rodríguez Saá y la casi totalidad del Congreso. Ante toda esta evidencia, el FMI ha suspendido la entrega de los u$s5.400 millones que corresponden a la última cuota de su préstamo. De acuerdo a una mayoría de analistas, sin este dinero el gobierno no puede hacer frente a los pagos de deuda pública, incluso después de haber decretado el ‘reperfilamiento’ de aquel, la emitida bajo jurisdicción nacional que vence antes de diciembre. El pacto devaluado de transición logrado con el apoyo a la “emergencia alimentaria”, significa en definitiva un piedra libre a este caos económico, que arrastrará al abismo a la misma “emergencia alimentaria”.

La reacción de los mercados financieros ante esta crisis ha sido una caída violenta de la cotización de la deuda de Argentina – al 40% de su valor nominal, y en baja. De otro lado, una suerte de mercado negro de divisas a través de la Bolsa, que cotiza el dólar a 73 pesos y subiendo – un 25% arriba del dólar oficial. Algunos medios señalan que las Leliq (los bonos que el Banco Central vende al sistema bancario) serían convertidas en encaje bancario remunerado, lo cual muy probablemente sería seguido de un retiro de depósitos mayor al que se registró después de las Paso. En este escenario, un planteo de reestructuración de la deuda comenzaría con una suspensión de su servicio hasta lograr un acuerdo.

Las características que asuma una reestructuración de la deuda depende del tratamiento que reciba la deuda con el FMI – que, por sus estatutos, no puede ser reestructurada. Una reprogramación de los plazos con el FMI facilitaría la renegociación con los acreedores privados. Pero esa reprogramación depende de un nuevo acuerdo político con el FMI, que volvería a postularse como tutor de la política económica nacional. La serenidad fingida de F-F frente a esta crisis y el entusiasmo ingenuo de muchos que pretenden hacer carrera política con el nuevo gobierno, enfrentarán un duro choque.

El pacto transicional devaluado de la “emergencia alimentaria” apunta a reforzar otro pacto de transición, más devaluado aún, que es el bono salarial. También fueron el peronismo y la burocracia de la CGT quienes lo pusieron en la agenda, para escaparle a la convocatoria de paritarias y a la indexación salarial establecida en numerosos convenios. Las patronales han salido a cuestionarlo, en especial las industriales, o sea la clientela de Alberto Fernández. Con salarios que perdieron un 30% del poder adquisitivo en dos años y una inflación prevista para septiembre-octubre del más del 10%, tanto el bono como el rechazo de las patronales a ese bono, ponen a los aumentos de salarios en el tope de la agenda obrera. Lo que importa políticamente en todo esto es que detrás de la posición “que gobierne hasta el último día”, o la que dice “que cumpla su mandato”, el peronismo co-gobierna con el macrismo desde, digamos, las sombras.

El tránsito electoral no encauza la crisis: la acentúa – incluida la crisis política. Una clara mayoría electoral aspira a terminar con el macrismo a través del voto al peronismo, pero esto se encuentra en contradicción con la oposición del peronismo y la burocracia a que la clase obrera haga frente en forma inmediata a la crisis que la agobia, y que no ofrece salida mediante bonos salariales o alimentarios. Sin una agitación política independiente, la gestión de bonos salariales o alimentarios constituye una colaboración política con esta transición anti-obrera. El co-gobierno desdibujado que opera en la transición, demuestra que no hay “un vacío político” - hay una articulación política en crisis, zigzagueante, devaluada, que expresa la crisis de conjunto de un régimen político y social.

El proceso electoral tiene lugar en medio de esta gran crisis histórica. Una campaña electoral socialista debe desnudar esa crisis a los ojos de los trabajadores, explicar su naturaleza y alcance, y señalar que no tiene salida en el marco del estado capitalista y sus instituciones. Debe explotar la contradicción que representa el voto de la clase obrera al peronismo, por un lado, y la necesidad apremiante de esta misma clase obrera de terminar con los métodos capitalistas para salir de la crisis, por el otro. La campaña electoral debe ser una tribuna de agitación política para la movilización de la clase obrera. Utilizar la campaña electoral para desarrollar una auto-proclamación política, constituye un electoralismo sin principios, que pone en el centro de la acción al parlamento y no a la acción directa.

Nuestra orientación política parte de esta caracterización. Dada la hondura de la crisis social y su carácter de conjunto, el planteo de lucha debe dirigirse en forma directa a las masas, no a los aparatos, cuya colaboración con la transición ‘des-ordenada’ es manifiesta. La huelga general responde al conjunto de la situación, cuando el aparato sindical es una rueda auxiliar del co-gobierno devaluado de transición. Las decisiones de conjunto que plantea la crisis van más allá del presente régimen político y sus limitaciones insalvables. Por eso es pertinente el planteo de una Constituyente Soberana, que decida contra el FMI y burguesía nacional e internacional la caducidad de la deuda externa y el control obrero de los principales resortes de la economía nacional.

16/09/2019

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