El carácter político de una pugna judicial inédita en el Partido Obrero


Por Pablo Viñas y Daniel Zamtlejfer


La intervención de Tucumán, y el previo cambio de la carta orgánica del PO que la habilitó, pusieron en evidencia medidas organizativas y legales de importancia mayúscula, efectuadas de espaldas a la militancia y al margen de los organismos partidarios –incluido su Congreso–, que reflejan la deriva arribista y de aparato en que ha caído la dirección del Partido Obrero, y que en el plano político tiene como correlato una posición derrotista y electorera.


Al congreso del partido, realizado en abril, se le ocultó el cambio de aspectos sustantivos de la carta orgánica partidaria que tendría lugar sólo un mes después. De este modo, la militancia del Partido ignoraba un asunto que, en cambio, terminó siendo de pleno conocimiento y decisión de la jueza Servini de Cubría. La dirección no tuvo reparos en acudir al Estado y su legislación reaccionaria, para dirimir la interna partidaria, trasladando su lógica de aparato al terreno legal y entronizando a una camarilla con “superpoderes” de disciplina, intervención y manejo patrimonial. Todo esto fue denunciado en nuestra nota “Golpe de estado en el Partido Obrero” (Golpe de Estado en el Partido Obrero).

Ante nuestra denuncia, en el Boletín Interno del PO (8/8/2019) salieron dos respuestas, una firmada por Juanelo y otra por un “Equipo de legalidad” del cual desconocemos quiénes son sus integrantes. Desconocemos también si Juanelo tiene un afán especial por defender causas perdidas del aparato, o si el actual CC le ha encomendado esa ignominiosa tarea. Recordemos que en abril del 2018, fue el encargado de polemizar con Altamira contra el planteo de Asamblea Constituyente, que unos días después fue tomado (aunque sólo circunstancialmente) por el CC, dejando en orsay al polemista. Más recientemente fue el encargado de teorizar sobre un supuesto “planchazo” de las masas, escribiendo desde una provincia (Chaco) donde la huelga docente se proyectó a nivel nacional; y en un país donde el gobierno no se atrevió a aplicar la reforma laboral por temor a una rebelión, y en el marco de una campaña electoral en la que a diario han sido noticia las luchas obreras: desde los mineros de Aguilar, pasando por las ocupaciones de fábrica, los cortes de ruta, las paritarias del Sutna, o la rebelión popular en Chubut. 

Conviene recordar que la Carta Orgánica es el Estatuto Legal que rige los partidos políticos. En ella siempre existió un “Comité Nacional” legalmente inscripto, electo por un Congreso “formal” cada cuatro años, con una serie de cargos como los de Presidente o Tesorero, todos requisitos para obtener la personería legal. Por otro lado, la estructura legal, si bien no es la que (al menos a ojos vista) domina la vida cotidiana partidaria, tiene una enorme importancia. De ella dependen los fondos que se giran por las elecciones y otros recursos que reciben los partidos legales. Pero también las presentaciones electorales, que deben ser llevadas adelante formalmente ante la Justicia, con la personería legalmente inscripta y en base a esa carta orgánica. Hasta acá, lo que siempre existió. 

El punto es que en mayo de este año se presentó ante la Justicia Federal un cambio profundo de nuestra Carta Orgánica legal, sin que hasta el momento nadie haya explicado quiénes y en qué organismos partidarios decidieron tal modificación, ni con qué fundamentos; y por qué fue ocultada esta decisión al congreso partidario y al conjunto de la militancia. 

En nuestro texto caracterizamos que las modificaciones fueron realizadas con un doble objetivo: a) Habilitar represalias, penalidades, expulsiones e intervenciones “legales” contra la militancia partidaria, en particular contra los compañeros de la Tendencia del Partido Obrero y b) concentrar los resortes legales y patrimoniales, en un reducidísimo número de personas. Más precisamente, hemos verificado que el último Comité Nacional inscripto se encuentra concentrado en manos de Gabriel Solano y su entorno, mayoritariamente militantes del Comité Capital que este dirige, cuando no directamente sus familiares.
Muy a pesar de la pretensión de sus redactores, las “respuestas” del aparato oficial confirman toda nuestra denuncia de cabo a rabo. Veamos.

El oficialismo partidario, en los brazos de Servini

Como venimos denunciando, el cambio de la Carta Orgánica fue presentado en el Juzgado Federal de Servini de Cubria y, a posteriori, la intervención de Tucumán fue ejecutada en el juzgado federal del juez Bejas, con asiento en esa provincia. Frente a ello, el PO de Tucumán se presentó impugnando a la intervención, al cambio de la carta orgánica que la habilitó, y al entramado ficticio con el cual se sostuvo dicha modificación.

Juanelo confiesa: “No era necesario, para impugnar la intervención de Tucumán, declarar ilegítimo al comité nacional del partido”. De este modo confirma lo que pretende ocultar, a saber, que la intervención de Tucumán no se realizó mediante un “procedimiento interno” como pretendía sostener Salas ante la militancia y ante la CRCI (y como insisten Juanelo y el “Equipo legal”). Por el contrario, la intervención tuvo lugar a escondidas, después del asalto y saqueo nocturno del local del PO de Tucumán, y fue notificada al Comité regional mediante una cédula de la Justicia Federal de Tucumán, la cual se apresuró a hacer lugar a la intervención y la confiscación de los fondos partidarios. Lo que han hecho los representantes de nuestra tendencia efectivamente fue IMPUGNAR dicha intervención. Para que se vea hasta qué punto se ha introducido a la justicia burguesa en este punto: entre los fundamentos de la intervención, el aparato oficial ha sostenido que el PO de Tucumán “no ha hecho campaña” en las elecciones provinciales, obligándonos a presentar pruebas ante la justicia de la enorme campaña realizada por el PO de la provincia. En un caso único, no ya de Argentina, sino probablemente del trotskismo mundial, el balance de actividades de la campaña del PO provincial será considerado, no por una asamblea partidaria, sino por una Jueza Electoral. 

Después de haber llegado a semejante extremo, Juanelo pretende asesorarnos respecto de cómo deberíamos haber presentado la impugnación. O sea, rechazarla pero sin cuestionar el ilegitimo cambio de la carta orgánica que la habilitó, el cual, a su vez, fue “resuelto” en un “congreso extraordinario” inexistente, habilitado por una camarilla familiar entronizada en 2018, en un acto de delincuencia política.

Por si quedara alguna duda respecto de quien fue quien corrió a los brazos del Estado, el “equipo de legalidad” abunda: “A pesar del desprecio que podemos tener por una persona de tal calaña, Bejas es el único juez electoral federal de la provincia de Tucumán, por ende, es competente para todas las presentaciones que hacen a las legalidades partidarias y cuestiones electorales.” De este modo, las “interventoras” reconocen lo que a renglón siguiente pretenden desconocer. Que fueron a la Justicia Federal de Tucumán, ante el juez que sobreseyó a Milani, a que –en los términos textuales de la carta documento enviada por la abogada del PO, Claudia Ferrero, a la apoderada de Tucumán– les “hicieran lugar” a la intervención del partido provincial. 

La competencia de Bejas la hemos cuestionado en los estrados judiciales por razones técnicas, y hemos puesto de relieve cómo el CC no vaciló en recurrir a este juzgado para intervenir el PO provincial y hacerse de los fondos de campaña de la militancia de Tucumán –para lo cual necesitaron la firma del Juez, y no se trató, como pretende presentarlo esta camarilla, como un simple “procedimiento interno”. La defensa de la competencia judicial de Bejas, esgrimida en la respuesta por parte del “equipo legal” es esclarecedora, porque si hay una presentación judicial, y hay un juez competente que debe resolver al respecto, al margen del debate jurídico planteado, queda completamente descartados los balbuceos justificantes de la intervención como “un procedimiento interno”.

Cuando Salas asegura en Prensa Obrera (20/7) que la intervención “se trataba de una acción INTERNA establecida con toda claridad en la Carta Orgánica (que Blanco y compañía aprobaron en su momento y que incluso ayudaron a redactar)” miente por partida doble. En primer lugar, está claro que la “acción INTERNA” en los juzgados federales… de “interna” no tiene nada. En segundo lugar, o Salas no conocía la drástica modificación de la Carta Orgánica que hoy ya no pueden desmentir (¡y que claramente Blanco no aprobó ni mucho menos ayudó a redactar!), o decidió mentirle en forma descarada a la militancia. Los defensores del aparato oficial deberían reclamar que les brinden todos los elementos de las maniobras que los mandan a justificar, para evitar quedar en ridículo.

¿Decide “la MILITANCIA”?

En lo que no sabemos si es una burla, o una subestimación total de la militancia del PO, Juanelo, tras intentar distraer comentándonos sobre la diferencia entre el concepto de afiliados (formales) y militantes, nos alecciona aseverando que “lo que importa para garantizar la democracia interna de la MILITANCIA es que el Partido legal se subordine en forma TOTAL a las decisiones de los organismos partidarios militantes”. Pero para que se subordine, los “organismos militantes” deben SABER qué es lo que ocurre con el partido legal –por ejemplo, si se modifica su Carta Orgánica–, debatir y expedirse sobre ello. Lo cierto es que la “MILITANCIA” del PO, sigue sin tener conocimiento respecto de qué organismo y con qué fundamentos se decidió que había que modificar la carta orgánica, ni por qué se ocultó esta decisión al Congreso partidario. Tampoco hay publicada minuta alguna del CC que dé cuenta de la aprobación de esa modificación. 
Juanelo reitera: “En el Partido Obrero, las decisiones las toma la MI LI TAN CIA” (sic). Pero recientemente hemos tenido múltiples y notorias muestras de imposiciones del aparato a contramano total de la militancia. En Tucumán, por ejemplo, en base a la intervención se robaron los recursos y la personería que la “MI LI TAN CIA” obtuvo en esa provincia. En Salta, quienes violaron lo resuelto en la Conferencia Provincial por la “MI LI TAN CIA”, fueron los dirigentes afines al CC, los que, exigiendo encabezar todas las candidaturas, forzaron ir a las PASO del FIT-U (a contramano de lo resuelto en el XXVI Congreso) y van en la lista del PTS contra la lista del PO provincial. En Arrecifes, se promovió la candidatura de un “señor de la noche” a quien se le prometieron planes a cambio de encabezar la candidatura, desplazando a la militancia regional; en La Rioja, separaron a los militantes y se armó un Polo Obrero sobre bases punteriles que terminó participando de un acto de Alberto Fernández en aquella provincia. 

La militancia no decidió el cambio de la Carta Orgánica, ni tuvo conocimiento de la misma, pero además ¡Un tercio de la “MI LI TAN CIA” fue separado por firmar el documento de la Tendencia! El resto de la militancia tampoco participó de esta brutal decisión del CEN, si es que este organismo adoptó la decisión. Quien cacarea poniendo a la militancia en mayúscula en los textos, lo único que realmente prioriza es al A PA RA TO.

Concentración de poder

La “respuestas” no puede desmentir lo que es un hecho incontrastable: la modificación de la Carta Orgánica realizada entre gallos y medianoches. Por ello, en lugar de desmentir pretenden disimular, cuando no directamente justificar los cambios, confirmando a cada paso nuestras denuncias. 
Las respuestas profundizan en la defensa de la concentración del poder legal partidario en pocas manos. En nuestra nota explicábamos que el Comité Nacional legal pasó de tener un mínimo de siete miembros a cinco, que concentró numerosas y sensibles atribuciones (patrimoniales, disciplinarias, legales y de todo tipo), antes repartidas entre diferentes organismos –congreso partidario, junta electoral, etc. Se introdujo que el CN pudiera funcionar con un tercio de sus miembros (es decir dos personas), y que en caso de empate el voto del presidente del partido vale doble. En otras palabras, se han concentrado las decisiones en un grupo minúsculo y, fundamentalmente, en una persona. Esto lo explicamos citando rigurosamente los artículos reformados, demostrando todo lo denunciado. Ante ello, Juanelo nuevamente patea la pelota afuera: “No tiene ningún sentido discutir si los miembros del Comité Nacional formal son cinco o siete”. Pero Juanelo, si no tiene importancia, ¿por qué se modificó el número? Y si se modificó el número, ¿por qué no explican los motivos en lugar de decir que “no tiene importancia”? ¿Tanto subestiman a la “MI LI TAN CIA”? 

El manejo de las cuentas pasó de cuatro compañeros (dos de ellos externos al Comité Nacional legal) a dos. Frente a ello, Juanelo se queja de que “chicanean con los firmantes de los cheques”, como si nuestra denuncia fuera una “chicana”. Por el contrario, estamos hablando muy en serio. El “equipo legal”, en la misma línea, “explica” que “la preocupación que sean 2 personas y no 4 [sic] las que firmen los cheques roza el ridículo”. Pero entonces, y tomando sus palabras: ¿cuál fue la preocupación “ridícula” que llevó a que se hicieran estos cambios? ¿Los militantes no tienen derecho a saber?
Sin que se les caiga la cara de vergüenza, en ambos textos aseguran que “en un partido bolchevique como el nuestro, la Carta Orgánica exigida por el Estado burgués debe reflejar el espíritu de nuestro Estatuto”. ¡Esto lo aseguran los mismos que defienden la eliminación de los círculos y los comités regionales de la carta orgánica nacional! Y quienes directamente no responden nada respecto de la eliminación de la organización de la juventud y la mujer en la misma Carta. Al respecto, el “equipo legal”, pretendiendo enmarañar la cosa, deja al descubierto lo siguiente: “Respecto de la eliminación de círculos, comités, organización de la mujer y la juventud no es cierto que fueran eliminados. No existen círculos nacionales”, dicen en primer término, para a renglón siguiente confesar que “en las cartas orgánicas de los distritos (provincias) permanecen estos.” Pero si en las cartas orgánicas provinciales la institución de los círculos “permanece” es porque, en la nacional que se modificó, estos han sido eliminados. ¿Por qué enredar tanto el debate en lugar de clarificar posiciones? El intento por confundir a la militancia es obsceno. Por más enredos discursivos que pretendan tejer, la realidad es una sola: los círculos fueron eliminados de la carta orgánica nacional. 

Pero quienes confusamente niegan que se hayan eliminado los círculos, luego en forma vergonzante explican el motivo por el cual los eliminaron: “Desde un punto de vista revolucionario, su permanencia [se refiere a los círculos] es discutible porque al no ser los órganos de gobierno que exige la ley, es como estar dando injerencia de legalidad a los órganos que naturalmente existen en nuestra organización.” Muy claro: no vaya a ser que “los órganos que naturalmente existen en nuestra organización” (círculos, comités regionales, congreso, etc.) mañana pretendan reclamar algún derecho legal. Toda la modificación se realizó con este criterio, blindar una camarilla de cualquier reclamo, extender y concentrar el poder en sus manos, otorgando incluso nuevas potestades como la de la intervención. 
En el mismo sentido, Juanelo rechaza reiterada y explícitamente el reconocimiento del derecho de minorías cuando se pregunta “¿Qué quieren? ¿Derecho a minoría en los organismos formales? Por un lado, ya existe, es una imposición legal. Pero por otro, haciendo de esto una bandera, van a tener que concedérsela a cualquier afiliado que desee presentar una lista en cualquier partido provincial”. Juanelo nos advierte sobre el “peligro” de que cualquier afiliado reclame derecho de minoría “¡Es la vía para habilitar la injerencia de la burguesía en el PO!”, declama quien acudió a uno y otro juzgado para intervenir una regional entera. Cabe agregar que esto que desvela a Juanelo es exactamente lo que acaban de hacer Claudio del Plá y Pablo López en Salta, a saber, presentar una lista en un partido provincial (el PO salteño). En este caso, para sortear (por medio de la legislación estatal) lo que la militancia del Partido Obrero de Salta les ha negado, a saber, el monopolio de la representación política y de cargos en la provincia. 

Nunca en el partido ningún afiliado no militante presentó una lista alternativa, como desvela a Juanelo, pero por sobre todo este no es el motivo por el que se modificó la carta orgánica. La realidad es que están defendiendo en el terreno legal –entre otras cosas– el mismo interés y criterio de aparato por el que violaron el estatuto partidario, negando el derecho de fracción y de minoría. 

Todas las modificaciones empoderan a una pequeña camarilla. Para el partido, el peligro real no son los supuestos afiliados anónimos que marcharían a presentar listas internas, sino el grupo que Juanelo defiende. El acaparamiento de todos los resortes legales por un pequeño grupo representa un intento de apropiación privada del partido. Quienes niegan los derechos partidarios de la tendencia y cercenan el derecho de la militancia a disentir, bajo pena de expulsión, necesitan asegurar las mismas arbitrariedades en el terreno legal. De lo que se están previniendo no es del reclamo que pudiera hacer un afiliado no militante. De lo que se previene “el grupo de Solano” es de los afiliados MI LI TAN TES que puedan reclamar contra sus tropelías. 

Penalización de la militancia e intervenciones provinciales

A ello apunta también la incorporación de una suerte de “código penal de faltas graves” destinado a la militancia. Juanelo intenta distraer hablándonos de “la reforma” del artículo referido a “faltas graves”. Sin embargo, el artículo en cuestión no fue “reformado”, antes simplemente no existía: fue incorporado por la camarilla por medio de la modificación de la carta orgánica. 

El propio equipo de legalidad no tiene más remedio que reconocer esto, desmintiendo al defensor de causas perdidas. Sin embargo, intenta embellecer sus afirmaciones, asegurando que “con la incorporación de ese artículo que desprecian, se eliminó la existencia de un tipo penal abierto que decía: Los afiliados responsables de inconductas partidarias serán pasibles, de acuerdo a la importancia y gravedad de la falta cometida y antecedentes del infractor de las siguientes sanciones disciplinarias: amonestación, suspensión de hasta un año, separación del cargo partidario”. 

De este modo nuevamente reconocen la modificación de la Carta Orgánica, e incluso la incorporación de un artículo penal, pero nos explican que lo habrían hecho en el afán se asegurar derechos de la militancia, un gesto inconsulto, pero noble, que nosotros despreciaríamos. Lo cierto es que la nueva “figura” penal se encarga de ´encuadrar´ las ´faltas graves´ de un modo que no tiene desperdicio. Por ejemplo, “formular o insinuar cargos contra un afiliado sin probarlo”. Una crítica política podría muy bien interpretarse como un ´cargo´. Pero ello no debería ser objeto de expulsión, ni en el Partido Obrero “legal” ni en el “real”. Los ataques y las críticas políticas deben resolverse por medio de un debate, no de sanciones. La misma aberración aparece cuando se pune “sostener públicamente y/o actuar con una política contraria o sustancialmente [sic] distinta a los organismos partidarios”. El texto iguala a “sostener” con “actuar”. O sea que es punible “sostener” una opinión distinta a la de los organismos. Los redactores de esta reforma, como se ve, han llevado a la letra de la Carta Orgánica legal la destrucción de la democracia interna en el Partido Obrero “real”. Juanelo afirma que “en un partido bolchevique como el nuestro, la Carta Orgánica exigida por el Estado burgués debe reflejar el espíritu de nuestro Estatuto”, pero lo que refleja la Carta Orgánica nueva no es el estatuto partidario, sino el “espíritu” reinante bajo el aparato actual, signado por las expulsiones, el espionaje, la censura y la arbitrariedad. Como resultado de ello, el pretendido bolchevismo ha sido vaciado de contenido. 
El mismo “equipo legal” nos aclara luego que finalmente “no se penaliza a la militancia, sino a los afiliados”. La realidad es que, de este modo, se han dejado las manos libres para que el “Comité Nacional” de cinco miembros –pero que puede sesionar con dos, y desempatar con el voto del presidente Solano–, pueda expulsar legalmente, de su condición de afiliado, a cualquier militante que le resulte molesto. Por otro lado la supresión del rango de “amonestaciones” no es en defensa de ningún militante ni afiliado, permite con mayor facilidad directamente expulsar a cualquier miembro de la organización. El señalamiento de que cuatro de los miembros fundadores de la tendencia no figurarían como afiliados es otra confesión, pues esa situación, si no es consecuencia de una acción deliberada, debió ser advertida a los mismos por parte del “equipo legal”, para que la subsanen y puedan ser parte del armado del “Partido legal”, siendo todos ellos notorios dirigentes partidarios. Por lo visto, la política de excluir afiliados comenzó antes de la reforma de la Carta Orgánica. 

Respecto de la intervención, nuevamente intentan justificarla: “La posibilidad de la intervención es la última vía, extraordinaria, para asegurar el cumplimiento de las resoluciones del congreso y el comité nacional”, asegura Juanelo. Con el mismo libreto, el “equipo de legalidad” nos informa que “la intervención provisoria es un instituto establecido en nuestra Carta Orgánica”. Pero si las decisiones legales “son un reflejo de lo que decide el partido real”, ¿por qué no resolvieron la intervención del Comité de Tucumán a través del CC “real”? La respuesta es simple: se hubieran enfrentado a la repulsa y la rebelión de toda la militancia provincial. En lugar de ello, comenzaron a armar un partido paralelo en la provincia, apelando a los recursos del Polo Obrero. Y concretaron la intervención en el único plano donde correría, es decir en el de los expedientes y fallos judiciales. Pero incluso esto último está por verse, porque el carácter grosero de sus fundamentos y mandatos han despertado la reserva de la propia Justicia. El carácter burdo de esos fundamentos aparece cuando achacan la decisión “a la desidia en la actuación ante la justicia, rendiciones contables y también las consideraciones políticas de boicot a la campaña electoral provincial, entre otros”, según el “equipo de legalidad”. Nunca supimos de ninguna clase de “desidia” ni problema alguno con la legalidad del PO de Tucumán, pero tras firmar el documento de Tendencia, los compañeros se habrían transformado en un aparante peligro para el partido y su legalidad. El “equipo de legalidad” extiende su difamación al compañero Daniel Zamtlejfer, a quien acusan de haber dejado un “largo tendal de causas penales”, de las que el equipo de legalidad ha venido a salvarnos. Todo esto, además de falso, resulta llamativo si se tiene en cuenta que se señala que el compañero fue apoderado “hasta hace tres meses”, cuando en realidad dejó de serlo hace años. El “equipo de legalidad” utiliza las separaciones y la interna partidaria para cargar errores propios en compañeros separados. La farsa queda en evidencia con el supuesto “boicot a la campaña electoral”, punto en el que los militantes pueden fácilmente verificar, ya que a diferencia de las demás difamaciones tiene carácter público, siendo imposible desconocer la enérgica campaña militante del PO provincial, desenvuelta a pesar del verdadero boicot por parte del CC y su equipo de legalidad, que ha usurpado los fondos de la misma.

¿Centralismo democrático o centralismo burocrático?

Si bien, como se ha dicho, jamás en las dos respuestas logran explicar quién ni por qué se decidió modificar por completo la carta orgánica partidaria, la misma es justificada en nombre del centralismo democrático, que en una versión absolutamente malversada por la actual dirección del PO, se ha convertido en la justificación de sus mayores tropelías. 
Según los autores, la nueva Carta Orgánica no haría más que reflejar el estatuto partidario en cuanto a que este determina que “el Comité central predomina sobre todos los organismos” (art. 22). Pero el estatuto agrega que la posición del CC prevalece “en caso de conflicto”. Es decir, la organización centralizada no es una carta blanca para atropellar a los militantes. El CC debe fundar sus posiciones y resoluciones por escrito y someter sus argumentos a la controversia. “En caso de conflicto” significa que el CC cuenta con los recursos estatutarios para garantizar la acción del partido y evitar que esta se empantane. Pero esto no es de otra cosa que el “reflejo” de su autoridad política, la cual no emana del estatuto sino de los militantes. De tanto jugar a los espejos entre el estatuto legal y su organización real, los personeros del aparato pierden de vista que la autoridad del CC se basa en su reserva política y moral. En manos de una camarilla, como correctamente interpreta Juanelo y nos lo hace saber, el artículo 22 es invocado para justificar atropellos injustificables. 

Para el aparato, el acaparamiento de funciones en el Comité Nacional legal sería el espejo del funcionamiento centralista de la organización. Pero quienes en sus textos se desviven explicando las diferencias entre afiliados y militantes, para justificar la penalización de los afiliados (que apunta a los militantes) no saben distinguir entre el Comité Central electo anualmente en el Congreso, y el Comité Nacional legal (ahora reducido a cinco miembros o mejor dicho, en los hechos, a dos), inscripto con compañeros que no son miembros del primero, y entre los que existen relaciones parentales con el presidente del partido. Es este Comité Nacional legal el que concentró atribuciones que antes se encontraban dispersas. Donde los defensores de la camarilla ven un reaseguro, en realidad estamos ante la apropiación legal del partido por un reducido grupo de personas.

Nos encontramos, nuevamente, ante una completa malversación del centralismo democrático. Decimos nuevamente, porque ya en su nombre se ha rechazado el derecho a que se puedan expresar las divergencias públicamente, a contramano de lo que históricamente defendió el PO, y de la historia del socialismo internacional, sus organizaciones y sus dirigentes, incluidos Marx, Luxemburgo, Engels, Lenin y Trotski. En el mismo sentido se malversó el centralismo, borrando todo atisbo de “democrático”, prohibiendo, de nuevo a contramano de la historia del bolchevismo, y de lo establecido en nuestro propio estatuto, el derecho de tendencia y de fracción, el mismo derecho que rechazaba tajantemente Stalin en sus “fundamentos del leninismo”.

Ahora, los campeones del centralismo (no democrático) incurren en una nueva malversación, en nombre de que el CC tendría la última palabra, pretenden convertir al partido en un rebaño militante que debe aceptar órdenes del CC. Pero la dirección nacional debe fundamentar sus posiciones, los militantes tienen derecho al disenso, y debe primar el debate por sobre la imposición o la obediencia debida. 

Por otro lado, quienes dicen defender la primacía del CC en realidad defienden la primacía del aparato. En el último tiempo, los autores de la carta orgánica de camarilla no han tenido problema en actuar con hechos consumados impuestos sin que tampoco los resolviera el propio CC. En su política de aparato, una camarilla dirigente se arroga derecho a tomar decisiones, sin fundamentarlas ni discutirlas en organismo alguno. 

Así en el Congreso partidario nos anoticiamos de que se había realizado espionaje contra el compañero Marcelo Ramal, para intentar demostrar en vano un trabajo de camarilla que en realidad era perpetrado por los propios fisgones. Lo interesante es que hasta el día de hoy, nunca nadie explicó quién, cuándo ni por qué se resolvió ejecutar el espionaje contra el compañero. En el mismo sentido, la publicación de un BI entero con el documento de conformación de la tendencia (o fracción publica) y la resolución indicando que en aquel momento 778 militantes se habían “colocado por fuera” del PO tampoco fue discutido y votado en CC alguno, de allí que nunca se conocieran los votos de semejante decisión y que incluso un miembro del CC la repudiara públicamente. Lo mismo ha sucedido ahora con el cambio de la Carta orgánica. 

El centralismo democrático es un método de organización revolucionario, necesario para cohesionar fuerzas frente a la burguesía y el estado burgués, no un instrumento para erguir una dirección que imparte órdenes a discreción, ni para someter militantes y acallar las críticas. Esto es un centralismo burocrático, que hoy se ve reflejado en el plano legal, por esta modificación aberrante e inconsulta de la carta orgánica, que con estas respuestas han venido a confirmar. La deriva camarillesca de la actual dirección confirma a cada paso el enorme acierto de haber constituido la tendencia del Partido Obrero, para defender la estrategia, la historia y los métodos del PO.


Tomado de  Política Obrera

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