Ecuador: Se ratifica la tortura de niñas como política de estado

Por Bárbara Carrillo para Política Obrera

El pasado martes 17 de septiembre, la asamblea nacional de Ecuador rechazó las reformas sobre despenalización del aborto en casos de violación. La legislación seguirá criminalizando a todas las mujeres, pero sobre todo a las niñas que interrumpan su embarazo producto de una violación.

La propuesta rechazada ampliaba las causales para los casos de aborto no punibles cuando se tratase de violación y violación incestuosa y si el embrión padeciera una patología incompatible con la vida intrauterina. Por lo tanto, se seguirá manteniendo la legislación vigente,que marca el artículo 150 del código penal (COIP), la cual permite el aborto sólo si estuviese en riesgo la vida de la madre o si se tratase de un caso de violación a una mujer con discapacidad mental. Esta misma legislación establece que una mujer que se provoque un aborto, o permita que alguien se lo practique, será sancionada con una pena que va de seis meses a dos años de cárcel.

El movimiento de mujeres de Ecuador se plantó firme desde el primer momento frente a la asamblea nacional denunciando al Estado como responsable de obligar a parir a las niñas que han sido víctimas de abuso y violación. Pero también exigen que el aborto sea legal, seguro y gratuito para todas las ecuatorianas, tomando como ejemplo la lucha de la marea verde en Argentina. Las cifras que difundieron las diferentes organizaciones de mujeres son alarmantes. Entre 2015 y 2019 (según la fiscalía general del Estado) se han presentado 320 denuncias penales por aborto consentido, 143 investigaciones iniciadas por esta causa y 26 mujeres fueron condenadas por abortar. Queda sin registrar la cantidad de muertes, mutilaciones y otras complicaciones provocadas por abortos practicados en la clandestinidad.

Pese a que ahora queda en manos de Lenín Moreno (el Scioli ecuatoriano) el veto o la aprobación de la reforma del código, las organizaciones de mujeres no colocan ninguna expectativa en ello. Recordemos que en el año 2014, el gobierno de Rafael Correa decidió modificar el código penal, pero terminó todo en un escándalo cuando algunas asambleístas intentaron plantear la posibilidad de despenalizar el aborto por violación. En ese momento, Correa amenazó directamente con renunciar a su cargo frenando a las legisladoras. Es sabido que para Correa, de filiación 'social-cristiana', "el aborto es un asesinato". Y aunque Lenín Moreno haya dado declaraciones bastante demagógicas al respecto, lo cierto es que el compromiso de este gobierno nacionalista se mantiene atado con el clero.

Niñas, no madres

En el caso de las denuncias por violación, los números indican directamente un escenario de barbarie. Solo entre enero y agosto de este año, la fiscalía recibió 9.158 denuncias por violaciones sexuales, lo que da un promedio de 38 denuncias diarias. Pero además, según las cifras oficiales de Nacidos vivos del INEC, alrededor de 2.200 niñas menores de 14 años dan a luz cada año. Convirtiendo a Ecuador en el país con la tasa más alta de embarazo adolescente en toda Latinoamérica (fondo de población de las Naciones Unidas). Queda más que claro que este rechazo del parlamento ecuatoriano pretende obligar a las niñas y mujeres abusadas y violadas, a transitar en silencio la tortura de llevar adelante un embarazo que ha sido producto de un abuso sistemático cometido dentro del sacrosanto hogar

Lejos de ser un factor de desmoralización, el enorme movimiento de mujeres en Ecuador sigue deliberando y sosteniendo movilizaciones en los diferentes puntos del país bajo el lema "La maternidad será deseada, no obligada". Defendiendo el derecho elemental a poder elegir ser madre, algo que el Estado también niega sistemáticamente. Las ecuatorianas, al igual que en diversos países de Latinoamérica, eligieron el verde como escarapela. Y no sólo cuentan con el ejemplo de las argentinas, sino también con el de las mexicanas, que acaban de conquistar el derecho al aborto en el estado de Oaxaca.
A pocas horas de un nuevo 28 de septiembre, día internacional por el derecho al aborto, las mujeres de todo el mundo salen a las calles "en un grito global" donde lo que se cuestiona es todo un régimen social y político que coloca a la mujer trabajadora en una situación de miseria, humillación y tortura. La importancia de dotar a este movimiento con un programa político y de defensa de la clase obrera es una cuestión urgente para poder avanzar contra la opresión. Por la organización socialista e internacional de la mujer trabajadora.